Por Estefany Calderón
Cada año, la Administración de Pequeños Negocios de Estados Unidos (SBA, por sus siglas en inglés) publica datos sobre préstamos desglosados por ubicación geográfica y actividad crediticia. Esta información ofrece una imagen general de cómo se distribuye el financiamiento federal para pequeñas empresas entre estados y regiones. Sin embargo, los datos de Luisiana no incluyen de manera consistente un desglose de los prestatarios por raza o etnia.
En el año fiscal 2025, la SBA aprobó 624 préstamos por un total de $348.7 millones en todo el estado de Luisiana. El distrito congresional que abarca Nueva Orleans y Metairie concentró 104 de esos préstamos, con un valor total de $48.4 millones. Aunque estas cifras muestran la magnitud de la actividad crediticia, no indican cuánto de ese financiamiento fue otorgado a empresas de propietarios hispanos en el estado.
Los datos nacionales de la SBA ofrecen un contexto adicional. En todo Estados Unidos, las empresas de propietarios hispanos representaron el 11.3 por ciento de los préstamos SBA 7(a) aprobados en el año fiscal 2025, pero recibieron solo el 7.7 por ciento del total de fondos distribuidos a través del programa. El monto promedio de los préstamos para estas empresas fue de $326,897, en comparación con los $427,422 obtenidos por empresas de propietarios blancos.
Una diferencia en el monto promedio de los préstamos no explica por sí sola por qué existe esta brecha. Los datos públicos de la SBA no controlan factores como el tamaño de la empresa, el sector económico, los ingresos, las garantías ofrecidas, el historial crediticio o las necesidades de financiamiento.
Por ejemplo, dos empresas pueden calificar para un financiamiento y aun así solicitar montos distintos según su tamaño, trayectoria operativa o planes de expansión. Los datos disponibles públicamente no permiten determinar en qué medida estos factores contribuyen a las diferencias observadas entre grupos demográficos.
Los datos muestran que los montos promedio de los préstamos y el total de fondos varían entre distintos grupos de prestatarios; no obstante, no detallan hasta qué punto esas diferencias se deben a las características de las empresas, a la demanda de financiamiento, a las prácticas de evaluación crediticia u otros factores.
En Luisiana, una limitación adicional es la falta de información demográfica detallada a nivel estatal. Aunque la actividad crediticia general puede medirse, los registros públicos ofrecen una visión limitada de cómo participan las distintas comunidades en los programas federales de financiamiento para pequeñas empresas.
A medida que legisladores, prestamistas y organizaciones empresariales continúan enfocándose en el emprendimiento y el crecimiento económico, el acceso a datos transparentes sigue siendo una herramienta fundamental para comprender cómo funcionan estos programas y a quiénes sirven.
Fuente: Oficina de Acceso a Capital de la SBA, Informes de Actividad de Fin de Año Fiscal 2025 (data.sba.gov)
